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La ocupación ilegal de viviendas es una problemática cada vez más extendida en la sociedad actual. Así, en los últimos tiempos se han registrado un gran número de casos de ocupación, dándose una mayor incidencia en viviendas destinadas a segunda residencia en la Comunidad valenciana, Cataluña, Canarias, Murcia y Madrid.

 

Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI), se ha puesto de manifiesto que una de las principales quejas de los propietarios es que la legislación en materia de ocupación es “confusa y nada clara para poder actuar con diligencia y rapidez”.

Igualmente, desde dicho organismo indican que, exa laxitud y poca claridad de la Ley en materia de ocupación “da muchas alternativas a los ocupas para invadir la propiedad ajena con total impunidad”.

 

Estos hechos hacen que, actualmente, España se encuentre a la cola de la Unión Europea en materia de desahucios, pues, al contrario que en otros países de la UE, donde los procesos judiciales son más rápidos.

Actualmente en España, los procesos judiciales en materia de desahucio se pueden llevar a cabo por la vía civil o por la vía Penal por un delito de usurpación, sin embargo, ninguna de las dos vías supone una solución rápida para los propietarios de la vivienda, los cuales deben hacer frente a unos costes judiciales en unos procedimientos que se alargan en el tiempo, mientras se perpetúa en el tiempo la ocupación de la vivienda.

Desde COAPI se incide en la necesidad de clarificar los conceptos de “Vulnerabilidad” y “propiedad privada”, para evitar que la resolución de los procesos judiciales se eternice y dotar de mayor celeridad a la desocupación de las viviendas.

No hay duda de que, en la actualidad, existe un problema creciente en materia de ocupación de vivienda, el cual viene favorecido por el colapso judicial que hace que un procedimiento de desahucio se eternice en el tiempo, lo cual conlleva una indefensión para los propietarios de los inmuebles ocupados, los cuales no dudan en mostrar su descontento respecto al sistema actual.

En definitiva, la legislación actual en materia de ocupación ilegal de viviendas resulta a todas luces insuficiente, por lo que resulta necesaria la creación de nuevas vías para agilizar los procedimientos de desahucio que permitan la efectiva recuperación de la vivienda en un corto período de tiempo, como ya se vienen implantando en otros países de la Unión Europea.