El acceso a la información a través de las nuevas tecnologías, el desarrollo de una economía cada vez más globalizada y el crecimiento de empresas digitales son algunos de los elementos que componen un caldo de cultivo perfecto para la creación de nuevas empresas.

En los últimos años han ganado gran popularidad las empresas emergentes, comúnmente conocidas como startups. Estas empresas buscan su cuota de mercado a través de proyectos revolucionarios que se nutren de un uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación.

El pasado jueves 9 de diciembre, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, declaró que el Consejo de Ministros aprobará hoy el Anteproyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes.

Este proyecto de ley pone el foco en incentivar la creación de startups y en el desarrollo de un mercado en el que existan menos obstáculos que permitan la captación de un mayor capital de inversión.

Los requisitos principales que debe reunir las empresas de base tecnológica, entendidas como aquellas cuya actividad requiere de un uso intensivo de nuevas tecnologías y de un conocimiento técnico, para que les sea aplicable la nueva ley de startups son:

  • Ser una empresa de nueva creación: que no hayan transcurrido más de cinco años desde su constitución;
  • Tener su sede social o establecimiento permanente en España;
  • El 60% de su plantilla debe tener un contrato en España; y
  • No distribuir ni haber distribuido dividendos.

Las startups que reúnan estos requisitos podrán gozar de una serie de incentivos fiscales y burocráticos que pretenden facilitar el crecimiento de estas. Entre ellos, los más relevantes que figuran en el Anteproyecto de Ley son:

  • Reducción del tipo del Impuesto sobre Sociedades del 25% al 15% hasta un máximo de cuatro años;
  • Incremento del mínimo exento anual de 12.000 a 45.000 euros en la tributación de los derechos u opciones sobre acciones o participaciones sociales para empleados (stock options);
  • Eliminación de la obligación de los pagos fraccionados en los impuestos de Sociedades y No Residentes;
  • Supresión de los aranceles notariales necesarios para la constitución de una nueva empresa; y
  • Concesión de visados especiales para emprendedores y trabajadores extranjeros (nómadas digitales).

No hay duda de que la entrada en vigor de esta Ley implementará una serie de incentivos que permitirán a las startups que reúnan los requisitos previstos, mejorar su competitividad y aumentar su porcentaje de éxito.

No obstante, la regulación no se encuentra exenta de críticas. En primer lugar, porque la promesa de la creación de esta normativa se remonta a 2018, hace ya tres años. Además, algunas de los incentivos que promueven pueden ser poco eficaces por el propio modelo de negocio de las startups (el Impuesto de Sociedades no tiene gran transcendencia en estas empresas, que cuentan con beneficios reducidos o nulos en sus primeros años de vida).

Por último, el Gobierno quiere que todo lo relativo a la información y solicitudes de los incentivos recogidos en esta nueva Ley se centralice a través de la Oficina Nacional de Emprendimiento (ONE), ente público cuya creación está programada para el próximo 2022.

En definitiva, habrá que poner atención al texto final que se acuerde y a si las medidas adoptadas realmente consiguen incentivar el desarrollo de las startups o si la aprobación de esta Ley tiene como objetivo apuntarse un tanto político.