A finales de 2018 entró en vigor la nueva Directiva PSD2 (Payment Services Directive 2), aprobada en 2015 pero transpuesta a nuestro ordenamiento mediante el Real Decreto 19/2018. Su objetivo consiste fundamentalmente en mejorar la competencia, la innovación y protección de los consumidores, facilitando un mejor sistema de pagos en toda Europa, adaptándose a los nuevos tiempos tecnológicos. Esto conlleva a una consolidación  de un mercando de pagos único para la Unión Europea, transacciones más ágiles, y la implementación de medidas de transparencia y seguridad.

 

Asimismo, la nueva regulación conlleva cambios en la industria al dar acceso a terceros a la infraestructura de los bancos, es decir, los consumidores tienen la oportunidad de utilizar a terceros para iniciar pagos o recibir servicios de valor a través del acceso a sus cuentas, sin que los propios bancos interpongan impedimentos, si previamente se obtiene el consentimiento del consumidor. Ello requerirá una serie de requisitos, renovando los estándares de seguridad, que conllevará a que la mayoría de pagos requieran la autenticidad de diversos factores. Esto es lo que se conoce como TPPs  (Third Party Payment Service Providers). En definitiva, esto permitirá el acceso de terceros a las cuentas de los clientes de un banco, y el inicio de pagos en su nombre, previa autorización del titular de la cuenta.

 

Hasta ahora, el comercio tenía que recurrir a una serie de intermediarios, como los proveedores de pagos electrónicos, que a su vez se ponen en contacto con la compañía de la tarjeta que finalmente cargan el cobro a una cuenta corriente. Sin embargo, con la PSD2 el consumidor podrá simplemente autorizar al comercio para que ejecute pagos en su nombre a través de su cuenta bancaria.

 

Desde que se adoptó la primera PSD, hasta la nueva regulación del PSD 2, han surgido nuevos servicios en el ámbito de los pagos por internet, donde los denominados terceros proveedores ofrecen a los consumidores servicios o soluciones de pago específicos como la figura del PSIP o de un AISP.

 

La figura del PISP (Payment Initiantion Service Providers) es una nueva modalidad de pago más segura, pues facilita realizar los pagos desde nuestros teléfonos móviles, deshaciéndose de la tradicional tarjeta de crédito. Esta nueva regulación aportará mayor seguridad en los pagos a la vez que ofrecerá a las propios consumidores una plena capacidad de elección de proveedor de pagos.

 

La figura de un AISP (Account Information Service Provider), ofrece una visión conjunta y un mejor asesoramiento en materia de optimización financiera. El propio consumidor es plenamente conocedor del estado general de sus finanzas, disfrutando de las ventajas y gestión de todo su dinero desde un mismo lugar.

 

En conclusión, la correcta aplicación de la PSD 2 esta logrando llevar a cabo efectos positivos en el ámbito financiero, ofreciendo a diversas empresas un nuevo marco en el que operar, suprimiendo las barreras impuestas por los propios bancos.